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En 1984, una empresa sueca vertió en Arica cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Casi 40 años después, los residentes de esa ciudad del norte de Chile siguen sufriendo daños de salud. Un grupo de relatores de la ONU llama a remediar esta situación con urgencia.

Por Equipo de Preservar/Noticias ONU

Las casi 20.000 toneladas de residuos tóxicos vertidas entre 1984 y 1985 por la empresa sueca Boiden Mineal AB en Arica permanecen a la intemperie y expuestas a los elementos de la naturaleza, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la población dado su alto contenido en arsénico, explicó este lunes un grupo de ocho expertos de la ONU en derechos humanos.

Los expertos advirtieron que, entre otras cosas, estos residuos podrían contaminar los sistemas de agua potable y deploraron que no se hay puesto remedio a esta situación pese al paso de las décadas.

Se calcula que hasta ahora 12.000 personas se han visto afectadas por los residuos, y muchas han perdido la vida, recalcaron.

Detallaron que se han denunciado casos de cáncer, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y defectos de nacimiento relacionados con la exposición a esta basura. “Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de residuos cuando eran niñas no han podido concebir”, añadieron.

Sin justicia

«Los residentes de Arica siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero. A la comunidad se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escasa o nula remediación, y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica”, apuntaron.

Los relatores recordaron que la empresa sueca le pagó a la compañía local Promel Ltda para que recibiera los residuos y afirmaron que tanto Suecia como Chile son responsables, por lo que ambos países deben cooperar para solucionar el problema.

Según los expertos, Suecia tenía conocimiento de que la basura tóxica se esta vertiendo en el norte de Chile, pero no se ajustó a sus obligaciones internacionales, además de que cuando solicitaron a Chile el permiso para el vertido se aseguraba que los residuos no eran tóxicos.

En 2013, 796 residentes de Arica, entre ellos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden. El Tribunal de Apelación del Norte de Norrland sostuvo que las reclamaciones de las víctimas estaban limitadas en el tiempo, y el Tribunal Supremo sueco se negó a conocer el caso.

Pero las legislaciones medioambientales modernas tienen en cuenta los periodos de latencia de la exposición a los tóxicos y establecen que cualquier barrera temporal debe contarse desde el momento de la manifestación evidente del daño.

Por este motivo, la negativa del Tribunal Supremo equivale a una denegación de justicia ambiental, en violación del derecho a un juicio justo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los expertos criticaron asimismo a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de residuos tóxicos sin realizar análisis químicos. Además, permitieron la construcción de viviendas en la zona contaminada y esas casas todavía son ocupadas por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

Medidas urgentes

«Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se producen desde hace mucho tiempo», enfatizaron los expertos.

Subrayaron que se deben tomar medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura con el fin de que se les elimine adecuadamente.

Los relatores pugnaron por remedios efectivos a los actuales y antiguos residentes de Arica, “incluyendo una atención sanitaria adecuada, reubicación y acceso a una vivienda que garantice una vida digna”.

Concluyeron que, de lo contrario, los efectos sobre los derechos humanos sufridos por la comunidad no harán más que acentuarse con el paso del tiempo.

Los firmantes del comunicado son: Marcos Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Olivier de Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.