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La auditoría desarrollada por la Unidad de Medio Ambiente de la Contraloría  revisó la forma en que se evalúa y autoriza la venta y uso de agroquímicos en el país. Dicho documento enciende las alertas al demostrar que se autorizaron 99 plaguicidas cuestionados por la evidencia científica y prohibidos en la Unión Europea.

Por Equipo de Preservar/Agencias.

El pasado 6 de julio fue emitido el informe por parte de la Contraloría de Chile en el que se da cuenta de las conclusiones que arrojó la auditoría sobre los procesos de autorización de plaguicidas de uso agrícola que aplicó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entre 2017 y 2019. Este viene a ratificar lo que desde hace décadas alertaba la comunidad científica sobre la falta de aplicación del principio precautorio sobre ciertos agroquímicos utilizados en el país.

En relación al informe de Contraloría,  la Dra. María Teresa Muñoz, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Maule (UCM), explica que  “efectivamente la Comunidad Europea prohíbe los plaguicidas peligrosos por aplicar el principio precautorio, lo que significa que cuando se tiene evidencia científica contradictoria, no concluyente o hay estudios que evidencian que un plaguicida es dañino para la salud, por precaución se prohíbe, considerando que los perjuicios serían mayores para la sociedad de esperar un efecto dañino en los seres vivos, es decir es una respuesta ética frente al riesgo. Hoy la Contraloría plantea estos temas y exige que al SAG que levante un plan para comenzar a aplicar este principio en los procesos de autorización y venta de plaguicidas. En el informe, el SAG reconoce que se debiera aplicar este principio pero argumenta que es un tema complejo por aspectos económicos, pero creo que ante la evidencia y la realidad de nuestro país estamos a tiempo para implementarlo, especialmente por las altas tasas de cáncer que presenta por ejemplo nuestra región”.

Por su parte, María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile señala que «el informe de Contraloría, el país no contempla en su normativa sobre plaguicidas, parámetros técnicos para evaluar sustancias que son venenos, por tanto, no se hace evaluación de riesgo a la salud humana ni al medio ambiente para autorizar los plaguicidas de uso agrícola. El propio productor de plaguicidas es el que proporciona los resultados de las pruebas de toxicidad a las autoridades reguladoras. Además, el único encargado del registro es la autoridad agrícola, con ausencia total de las autoridades de salud y ambiente, lo que es grave”

En la amplia lista de plaguicidas autorizados por el SAG para la venta y distribución, aparecen 99 que son peligrosos y algunos altamente peligrosos, los cuales actualmente están prohibidos en la Unión Europea y alertados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su alto nivel de toxicidad.

“Nuestros estudios señalaron que están presentes, en la orina de niños y en periodos anteriores los encontramos en residuos de vegetales y en el suelo. Investigaciones de otras universidades también los han reportado en el medioambiente y en sangre en trabajadores agrícolas, lo cual demuestra que nuestro país no solo está autorizando su venta, sino que se están usando ampliamente y están presentes en el organismo de las personas”, advierte la doctora Muñoz. Y agrega que “por esto es importante trabajar en la nueva normativa, especialmente para evitar lo que está ocurriendo hoy, que el SAG solo considera el informe que entrega el interesado para la autorización de cierto agroquímico para que sea vendido en Chile, pero sin evaluación de riesgo externa sobre las consecuencias de exposición crónica en la salud”.