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Los formalizados de la empresa -de capitales noruego y con operaciones en la Región de Magallanes- son el exgerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, el gerente regional Drago Covacic, los jefes Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson, el gerente de producción Arturo Schofield, quienes deberán concurrir el 7 de abril a la audiencia de formalización.

Por Equipo de Preservar/Agencias.

Los cuatro ejecutivos fueron formalizado por el delito de Fraude de Subvenciones y en calidad de autores ejecutores del delito consumado de Contaminación de Aguas, previsto en el artículo 136 inciso 1° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, indicando además que por este ilícito a la empresa también le corresponde responsabilidad.

El Tribunal otorgó un plazo de 6 meses de investigación y fijo cautelares de arraigo y firma para los imputados, fijando fecha para el 7 de abril para la formalización de Arturo Schofield Muga, quinto implicado en la causa.

De acuerdo a la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía por alrededor de 3 años, los delitos se perpetraron al menos desde el año 2016 al 2019, cuando el gerente de producción de la empresa Nova Austral, Arturo Schofield y el Gerente de Producción Agua Mar de la empresa, previamente concertado con el resto de los imputados Covacich Mckay, Gerente Regional de Magallanes, Nicos Nicolaides, ex Gerente General de la empresa, Rigoberto Garrido Jefe de Área e Isaac Ollivet-Besson, Jefe de Área de la empresa, realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro, que debían entregar a las entidades fiscalizadoras, con el objetivo de alterar los verdaderos indicadores que permiten evaluar la condición sanitaria y ambiental de los centros de cultivo y así engañar a Sernapesca y Subpesca.

Esto dio pie a que los diversos centros de cultivo de la empresa Nova Austral, obtuvieran una clasificación de Bioseguridad Alta, siendo que los datos reales daban cuenta que correspondía una clasificación de Bioseguridad Baja 2, lo que habría implicado una reducción del 60% de ejemplares a sembrar, disminuyendo la producción por parte de Nova Austral, generando como consecuencia una venta menor, que influyó de manera directa en la bonificación solicitada a Tesorería, la  que en consecuencia, también habría sido menor. No obstante, distintos funcionarios de la empresa, a solicitud de los ejecutivos imputados y en pleno conocimiento de estos, presentaron en la sucursal de Tesorería General de la República, formularios de solicitud  por la empresa Nova Austral, para obtener la subvención o bonificación  de la ley Navarino, por sumas que entre el mes de febrero de 2017 y junio de 2019 alcanzó un monto por sobre los  $50 mil millones de pesos.

Durante la formalización de cargos, el fiscal indicó también que los imputados efectuaron, en los centros de cultivo, un exceso de siembra de alevines, lo que incidió en un aumento en los desechos orgánicos del suelo marino por peces muertos, alimentos no consumidos ni degradados y fecas, generando un aumento en la cosecha por sobre lo autorizado, lo que provocó impactos ambientales significativos, consistentes en la degradación del suelo marino, contaminación del componente agua y pérdida de biodiversidad, generando además, una disminución sustantiva de oxígeno en los cuerpos de agua y la propagación de algas que impiden que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, lo que, en definitiva, implica un empobrecimiento de la biodiversidad acuática.

Respecto al Centro de Cultivo Aracena 14, que se encuentra emplazado en el interior del Parque Nacional Alberto De Agostini, correspondiente a un área silvestre protegida por el Estado, el fiscal indicó que la empresa se coordinó y se concertó con terceros para introducir al mar, por embarcaciones que prestaban servicio a la empresa imputada, toneladas de arena de playa y una sustancia química denominada percarbonato de sodio, que fueron depositadas y vertidas en el lecho marino debajo del módulo de cultivo, sin autorización previa de la autoridad competente, lo que alteró las condiciones de oxígeno y sedimentación del fondo marino de manera artificial, además de generar cambios en el sustrato que afectaron la biodiversidad y distribución de la macro fauna bentónica existente en el área de sedimentación del centro de cultivo, no permitiendo la recuperación natural del ecosistema, todo esto para ocultar el daño ocasionado y demostrar un lecho marino aparentemente limpio y en condiciones para iniciar un nuevo ciclo productivo ante una fiscalización futura de Sernapesca y organismos relacionados.

Cabe indicar que la empresa Nova Austral S.A., dedicada a la explotación de las riquezas del mar, entre ellas siembra, cultivo y cosecha de distintas especies de salmónidos, solicitó  el 5 de enero de 2000, acogerse a los beneficios de la Ley N°18.392, más conocida como Ley Navarino, la cual establece una bonificación equivalente al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ella, deducido el impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, todo desde el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siempre y cuando “su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente”. 

Greenpeace valora formalización de ejecutivos de salmonera Nova Austral

Como una buena señal catalogó Greenpeace la formalización de cuatro ex ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral, por la adulteración y falsificación de los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de peces en sus centros productivos ante el Sernapesca y Subpesca, desde el año 2016 al 2019.

“Es una buena señal en tanto identifica responsabilidades en lo más alto de la empresa, que en su momento buscaron eximirse y salvarse responsabilizando a mandos inferiores. Pero no es suficiente. Nova Austral ha manejado datos claves a su antojo y ha mentido a las autoridades. Tampoco sabemos si se trata de una práctica extendida en otras compañías con tal de mantener y extender sus operaciones. Se requiere una investigación profunda por parte del gobierno para sancionar a esta empresa, especialmente considerando su intención de instalarse dentro de áreas protegidas y parques nacionales, como la reserva nacional Kawésqar”, señala Matías Asun, director de Campañas de Greenpeace. 

Además, el director de la organización medio ambiental advirtió que “estaremos muy atentos al seguimiento de esta y otras investigaciones de empresas salmoneras instaladas en la Patagonia. Estas ya están cuestionadas nacional e internacionalmente, ya no solo por las consecuencias medioambientales que ha generado su expansión en las aguas y fondos marinos sino por lo que verdaderamente esconden los salmones chilenos. Llegó la hora de sentar un precedente que ponga freno a la impunidad ambiental y social que sostiene esta industria. Estamos hablando de un sector productivo que tiene cifras récords de violaciones a la normativa ambiental, récord de accidentes laborales y que incluso en esas condiciones, con semejantes prontuarios, está buscando la venia del estado para instalarse en las áreas más puras de los fiordos patagónicos y eso no puede permitirse”.