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Este 26 de septiembre, es cierre del período de firmas del Acuerdo de Escazú. El gobierno de Sebastián Piñera anunció su postura de no firmar el tratado, arguyendo, en declaraciones que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en la comisión del Senado esta semana, “que no es conveniente para Chile”.

Por Equipo de Preservar

Chile, junto a Costa Rica, fueron los grandes impulsores de este acuerdo que será el primero de carácter regional sobre el medioambiente de América Latina y el Caribe. Un instrumento que mejorará el acceso a datos, conocimiento e información, la participación de los ciudadanos, fomento de políticas públicas, y justicia en asuntos medioambientales.

Pese a que Chile estuvo involucrado en su promoción por más de 10 años, con la asunción de Piñera se hace un giro y el compromiso con el acuerdo pierde fuerza, hasta el punto de desechar hacerse parte de él.

Jorge Canals, abogado medioambientalista e integrante de la Fundación Chile 21, dijo que el anuncio del gobierno “es una decisión que es inexplicable, puesto que no hay razones de fondo para sostenerla. El país entrega una pésima señal que degrada su posición como un actor que busca la cooperación internacional para resolver los profundos problemas ambientales, socioambientales y de crisis climática que asola no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Necesitamos un acuerdo que suba los estándares en materia de acceso a la información medioambiental, de acceso a la justicia ambiental y que fortalezca las instancias de participación en la toma de decisiones y especialmente en disposiciones para defender a los activistas y las activistas hacen defensa del medioambiente y los derechos humanos en cada uno de los territorios del país”.

También se refirió a la decisión del gobierno el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, quien señaló que quienes están a favor de firmar el acuerdo “es porque obligaría al Estado a darle garantía a las comunidades, a que puedan tener acceso a la justicia ambiental, a que pueda haber participación ciudadana vinculante”. Además, desarmó el argumento del gobierno que la firma de Escazú abre la posibilidad de que Chile sea demandado por otros países al recordar que “este es el mismo gobierno que quiere empujar el TPP-11, tratado en que las transnacionales podrían ir a tribunales ambientales en contra del Estado de Chile si no se cumplen las expectativas de su negocio”.