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La organización señaló que la reforma incorpora elementos importantes, pero que no cubre la emergencia actual de crisis hídrica, que tiene a Chile con más del 50% de comunas con decreto de escasez hídrica vigente y que sobre otorga los derechos de agua por tres veces más, que el agua disponible. Chile se encuentra en el 18º lugar (de 168 países) del ranking mundial de riesgo hídrico según el World Resources Institute.

Por Equipo de Preservar/Agencias.

Luego de más de una década en tramitación, desde Greenpeace alertaron que la recientemente despachada reforma al Código de Aguas, tendrá dificultades en su implementación si no se resuelve el sobre otorgamiento de derechos de aguas actual.

Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace, indicó que “se entiende el optimismo en algunos sectores ya que es una reforma que incluye elementos importantes y que demoró más de una década en ser aprobada, sin embargo el alcance de la crisis hídrica que vivimos necesita de cambios muchísimo más profundos. La reforma no soluciona el sobre otorgamiento con 3 veces más derechos de agua entregados que agua disponible. Si bien se incorpora el término de la perpetuidad para nuevos derechos de agua, en la práctica continúan existiendo mecanismos como prórrogas automáticas y extinción del derecho de agua sólo por no uso, en un contexto donde el Estado tiene nula capacidad de fiscalizar aquello”.

Agrega que “un punto incorporado, es el establecimiento de un plazo para que los derechos de agua queden inscritos en la Dirección General de Aguas. Esto podría permitir en el mediano plazo, la obtención de información fehaciente respecto de cuánta agua hay realmente entregada y dónde. Debemos recordar que actualmente la DGA tiene información de menos de un 60% de los derechos entregados. El gran desafío que nos queda es dejar de entender el agua como un derecho de aprovechamiento privado, y avanzar hacia su establecimiento como un bien común que debe ser protegido integralmente. Para ello, será fundamental lo que establezca la nueva Constitución”.

Desde la ONG destacaron que en la reforma hay elementos importantes como la priorización del consumo humano, y el reconocimiento del valor de las funciones ecosistémicas que tiene el agua, pero no queda claro cómo se llevarán a cabo estos principios en la práctica sin abordar la propiedad del agua actual o el sobre otorgamiento, en un escenario crítico donde hay miles de personas que no tienen agua para cubrir necesidades básicas.

González agrega que “la reforma queda al debe con una serie de temas que han profundizado la grave crisis hídrica que hoy tiene al país con 184 comunas del país con decretos de escasez hídrica vigentes, y un total de la población afectada de más de 1 millón de personas”.

Según la encuesta Urgencias medioambientales para 2022, publicada por Greenpeace, 73% de los chilenos considera que la escasez de agua debe ser una de las prioridades a abordar por el próximo gobierno. Y respecto a la propuesta de una nueva Constitución, 94% considera que el texto debe incluir el agua como un derecho humano para las personas y cuidado de la naturaleza”.

Finalmente desde la organización indicaron que “debemos avanzar de manera decidida en la protección de ecosistemas hídricos como glaciares, bosques nativos, salares, entre otros, y lamentablemente hay pocos avances en los proyectos de ley que buscan su resguardo. Estamos también ante un escenario de discusión constitucional, en el cual es fundamental que se consagre a dicha escala el derecho al agua de personas y ecosistemas; se corrija la distribución actual del agua y se garantice ésta como un bien común. Esto debe permitir transformaciones más profundas que avancen en línea con los desafíos actuales donde Chile se está secando, y es por sobre consumo de grandes industrias. Debemos recordar que 81 constituyentes se comprometieron a solar el agua en la nueva constitución”, indicó González.