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En el marco del Plan de Manejo de esta pesquería, WWF Chile y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Territorios Litorales y Rurales (CIET – LR), plantearon un conjunto de medidas socioeconómicas para apoyar al sector artesanal y al desarrollo sustentable de esta actividad, que se extiende entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Por Equipo de Preservar/Agencias.

“La merluza ya no está, o está demasiado lejos. A veces pienso que esas podrían ser las últimas que van quedando”, lamenta Omar Méndez, quinta generación de pescadores en Tomé, región del Biobío. En 20 años de trabajo, vio como desaparecían de sus redes las corvinas, blanquillos, róbalos y otras especies que acompañaban a la merluza común, la única que siguen extrayendo. Su agotamiento, producto de la sobreexplotación, ha impactado negativamente ecosistemas y comunidades costeras con economías de subsistencia y dependientes del recurso. Esta es la evaluación que hizo la organización de conservación WWF Chile en un esfuerzo por entender al sector pesquero más allá de una actividad netamente extractiva, donde su realidad social pueda también ser parte de la construcción de soluciones y estrategias a futuro. 

Esta propuesta se enmarca en el Plan de Manejo de la Pesquería de Merluza Común, a cargo de un comité de 26 representantes que desde el 2014 asesora a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) para administrar las pesquerías. En particular, la propuesta de WWF se enfoca en apoyar la futura implementación de una plataforma social. “Creemos que esto es un punto básico para continuar impulsando acciones y medidas de sustentabilidad para el sector pesquero y, particularmente, para la merluza común”, señala Valesca Montes, coordinadora del programa Pesquerías Sustentables de WWF Chile. 

El desafío es ampliar el diálogo y reunir las políticas públicas con la realidad de las comunidades costeras. “Observamos que aquellas caletas con mayor número de desembarques cuentan con menores niveles de inversión pública. A partir de la literatura y los programas sectoriales revisados, se podría plantear que la distancia entre el enfoque de las políticas públicas y la realidad de las comunidades costeras es un factor determinante en el impacto del financiamiento público para enfrentar la crisis del recurso”, indica Camilo Veas, director de CIET – LR, encargado del estudio.

Sin embargo, existen experiencias internacionales, marcos normativos chilenos e incluso líneas de financiamiento que promueven un desarrollo de la pesca artesanal desde una perspectiva integral y, por lo tanto, existe el potencial en el país para implementarlos. En este sentido, las medidas propuestas son: (i) un plan de capacitación turística, (ii) un programa de reciclaje, (iii) apoyo en la implementación de la Ley de Caletas, (iv) escuelas de formación organizacional, (v) generación de alianzas pesquero – municipales y (vi) un modelo de comercialización directa. Cada una de estas acciones, destacan, deben responder en primera instancia a las realidades de cada territorio y en coherencia con los actores involucrados.

El estado de la Merluza común en Chile

El estado de la merluza común es uno de los termómetros de la gestión de los recursos y el bienestar de sus ecosistemas, y arroja cifras alarmantes. El informe Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas 2019 publicado por SUBPESCA da cuenta de que un 67% de las pesquerías del país se encuentra sobreexplotada, mientras los pescadores denuncian importantes cambios en el tamaño y ubicación en un plazo de dos décadas.

“Cada vez la merluza común está más afuera, se va más lejos de la costa. Antes pescábamos dentro de la bahía, ahora entramos 12 millas, a la altura de los barcos de arrastre camaroneros”, señala Felipe Ugalde, desde Valparaíso; y desde Tomé, Omar Méndez agrega que “hace 20 años salíamos a pescar con unas cajas de madera y echábamos 30 ó 36 merluzas, que pescábamos con redes de 3 pulgadas y media. Ahora esas mismas cajas son de plástico y entran 70 o hasta más de 80 merluzas”.

El conjunto de medidas propuestas busca enfrentar esta crisis mediante la articulación de diferentes mecanismos e instituciones, evitando así atribuirle toda la responsabilidad presupuestaria y técnica a la institucionalidad pesquera, respetando las condiciones culturales de vida de los pescadores artesanales y considerando un desarrollo integral. La implementación de estas medidas, advierte el estudio, debe ser coherente y pertinente a las realidades locales, adaptando la acción pública a los diferentes actores y territorios de la pesca artesanal, más que forzando la transformación de los mismos.

A la hora de planificar la implementación de esos mecanismos, también señalan que a largo plazo deben fortalecer la continuidad de la actividad bajo un marco de responsabilidad social, para lo que se deben entregar las capacidades que correspondan. En tanto, aquellas medidas de corto plazo y que atienden a situaciones de emergencia deben establecer estrategias de acompañamiento para, por ejemplo, diversificar la actividad productiva-extractiva, en lugar de optar por mecanismos que se traducen en un endeudamiento sistemático del sector. Además, deben ser revisadas y ajustadas por la institucionalidad competente, para luego definir potenciales pilotos de aplicación.

Este desafío requiere promover la participación de las bases de las organizaciones de la pesca artesanal, abrir instancias de diálogo con los diferentes actores, e incluir profesionales de las ciencias sociales en los diferentes procesos. “Son los propios pescadores artesanales quienes mejor pueden manifestar sus necesidades, pero creemos que podemos tener el rol de facilitar estas instancias de flujo de información, darle una forma y conversarlas con quienes toman decisiones en materia pesquera”, señala Valesca Montes.

Para 2015 se estimaban 9.205 pescadores dedicados a la extracción de merluza común. Una de las preocupaciones que se repite entre quienes aún ejercen esta labor es el futuro de sus familias en un horizonte con cada vez menos merluzas. 

Medidas como el Plan de Capacitación Turística, o el Modelo de Comercialización Directa de la Merluza Común apuntan a satisfacer las necesidades de transformación y diversificación. En esta línea, el estudio propone la inclusión de núcleos domésticos y mujeres en proyectos en tierra, ya que “favorece la concreción y mantención en el tiempo de las iniciativas, especialmente aquellas que tienen relación con la diversificación productiva (turismo) y mejoras en las capacidades de comercialización, como por ejemplo generando acuerdos de venta o agregando valor”, explica Vladia Torres, antropóloga e investigadora de CIET-LR. Por otro lado, para fomentar este nuevo espacio de diálogo se planteó una necesidad previa que consiste en promover la participación en las organizaciones de base y acompañar permanentemente a las organizaciones de la pesca en cuanto a la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Así como fomentar las capacitaciones (en acuicultura a pequeña escala, mecánica, temas administrativos, etc.) y el desarrollo asociativo. Cuestiones que se plasmaron en las medidas propuestas de generar Escuelas de Formación Organizacional para la Pesca Artesanal, y en el apoyo a la implementación de la Ley de Caletas y elaboración de los planes de administración.